sábado, 30 de enero de 2010

La Secretaría del Trabajo viola los derechos de sus propios trabajadores



La Secretaría del Trabajo viola los derechos de sus propios trabajadores

Por Adán salgado Andrade

Desde la anárquica Ciudad de México. Letreros refiriéndose al secretario del trabajo, el señor Javier Lozano, como “Lozano hermano del puerco y del marrano” u “Oficial mayor te vendiste”, entre otros, pegados en las paredes del Centro de desarrollo infantil (Cendi), reciben a los curiosos o solidaria gente que se acerca a preguntar a los empleados del sitio, la mayoría mujeres, cuál es el problema que las ha llevado, muy unidas, a defender su centro de trabajo, reuniéndose afuera del edificio para organizar guardias durante varios días. Allí se cuidan a los hijos de los trabajadores tanto de la Secretaría del Trabajo, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la Junta federal de Conciliación y Arbitraje y, para mayor ironía, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.

“Fíjese que apenas el miércoles en la tarde le dijeron las autoridades a la directora que el Cendi se iba a cerrar por inseguro”. En efecto, sin mediar reuniones previas, ni todos los procesos legales que deben seguirse constitucionalmente para declarar inseguro un sitio laboral, ni que se cuestionara a las empleadas sobre si consideraban la construcción insegura, muy al estilo de lo que se hizo con los trabajadores de Luz y Fuerza, funcionarios de alto rango de la mal llamada Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), comenzando por su secretario, el ya mencionado Javier Lozano, a la directora del lugar se le citó en las oficinas del Oficial Mayor, el señor Héctor Antonio Alcudia Goya, quien, sin mayor protocolo, le soltó el cuestionable argumento de que el edificio en donde se encuentra el Cendi es inseguro y que debía desocuparse ya, de inmediato. El jueves 28, la directora reunió a sus empleadas para decirles que, por órdenes superiores, el Cendi dejaría de laborar y que ese mismo día tenían que recoger todos y todas sus cosas, así, sin mayor explicación. “La directora está de nuestro lado”, declara una trabajadora, “pero es que la presionan de arriba. Dice que está entre las espada y la pared”. El débil y leguleyo argumento de que el edificio fue revisado por peritos el pasado diciembre se cae aún más dada la premura con que parecen estar actuando las autoridades, en especial el señor Alcudia Goya, quien el jueves se había entrevistado con las empleadas, prometiéndoles que abogaría por ellas y que vería que siguieran trabajando allí. Pero el viernes 29 el Cendi, como en efecto se les había advertido, ya estaba cerrado y personal de seguridad de la propia secretaria está dentro del local, “vigilando” que las trabajadoras no vayan a entrar más. Según se ha sabido, lo querían vacío ya para el martes 3 de febrero y, al parecer, deseaban las arbitrarias autoridades “laborales” aprovechar el “puente” del próximo lunes, que es día de asueto en México, para que se desmovilizara todavía más a las empleadas. Como suele suceder en casos así, los rumores corren y corren, por esa suerte de comunicación social alternativa, bajo el agua. “Pues alguien nos dijo que ya tenían nuestros cheques para liquidarnos desde el año pasado, pero que ya luego se echaron para atrás”, comenta otra trabajadora, con una mezcla de coraje y desesperación por lo que está pasando. Quizá así haya sido, pienso, pues ahora ya está de moda no sólo liquidar a los trabajadores, sino las irrupciones violentas a sus centros de trabajo y la toma por parte de corporativos policíacos. Esto, que podríamos denominar el síndrome de los electricistas (recuérdese que así se rompió la relación laboral con los trabajadores de Luz y Fuerza, tomando la policía federal todas las instalaciones de esa estratégica empresa estatal, así, sin avisarles), al parecer, está tendiendo a convertirse en algo que el represivo y autoritario gobierno panista de este país está empleando, en vista de que, según dicho ente, ha estado funcionando. No es algo nuevo, desde luego, pues la toma de las instalaciones por los dueños de empresas, ha sido una forma arbitraria y violenta de terminar la relación laboral con sus trabajadores a lo largo de la historia de este país (fábricas, empresas, minas…). Pero ahora la modalidad es que el propio gobierno, que se supone que está para defender la “legalidad laboral”, es quien lo está haciendo, tanto con muy leguleyos y arbitrarios argumentos, como con el uso abierto de la represión policíaca y militar.

Ubicado en la confluencia de las calles Doctor Barragán y Doctor Liceaga, este Cendi fue fundado hace unos 40 años, aunque en el sitio actual lleva establecido desde 1975. Originalmente contaba con planta baja y dos niveles, pero hace unos diez años se demolió el segundo nivel, pues las autoridades de entonces consideraron que para que fuera “más seguro”, tenía que estar menos alto. Y está tan bien hecho el edificio, aseguran las empleadas, que no sólo resistió esa demolición, sino tantos temblores que desde que existe ha soportado, el más fuerte de ellos el devastador sismo de 1985, que no lo afectó, fuera de algunas pequeñas cuarteaduras. El más reciente fue el sucedido en abril del año pasado, 2009, del que salió igualmente sin novedad. Y sí, en realidad el edificio tanto por fuera, como puede verse, como por dentro, según me platican las empleadas, está en muy buen estado. “Pero un noticiero mentiroso dijo que el edificio está en ruinas”, exclama una de ellas, muy enojada, refiriéndose a los vendidos medios, “y eso no es cierto, nada más porque no podemos entrar, si no, se lo enseñábamos”, afirma categórica.

Por otro lado, el supuesto “peritaje”, si realmente se llevó a cabo, no cuenta con evidencias de que verdaderamente se haya realizado, excepto por unas fotos que muestran a presuntos ingenieros haciendo la “inspección”. “Pero los de las fotos no son los que vinieron… los que vinieron eran unos muchachos muy jóvenes, ni parecían ingenieros”. Buen punto, pues en general, los peritos en cualquier materia son personas maduras, no jóvenes, que, al decir de las declarantes, si eran ingenieros, se veían recién egresados. Así que si esa fuera la justificación de las autoridades para cerrar el sitio, no pesa.

Les pregunto que cuántos niños hay actualmente. “Ciento diez”, contesta una. Y ya comienzan a platicar que podría dar cabida a unos 200 infantes. Sin embargo, cada año la población tiende a disminuir porque se han ido desplazando de ubicación las oficinas a las que originalmente daba atención ese Cendi. La principal, la Junta de Conciliación y Arbitraje, que quedaba muy cerca, actualmente se encuentra en Azcapotzalco. Igualmente otras oficinas y dependencias de la secretaria se han trasladado a la zona del Ajusco, y son pocas las que aún quedan cerca. Además, muchas de las madres trabajadoras a las que atiende el Cendi han ya dejado atrás la edad de la procreación o tienen pocos hijos. Son 57 empleadas, lo que daría una proporción de poco más de dos niños por trabajadora, que en términos del eficientismo neoliberal que domina al mundo (muy al estilo McDonald’s, de hacer mas hamburguesas con menos personal), ha de significar un “despilfarro de recursos”, sobre todo en estos críticos tiempos en que el gobierno de los mal administradores panistas están recortando todos los presupuestos… excepto, por supuesto, sus insultantes y abultados salarios. Les pregunto sobre sus estudios, y me responden que cuentan con estudios medios tales como asistentes educativas, puericultistas o incluso licenciaturas en educación, o sea, que cuentan con buena preparación. Pero además, la experiencia de varias de ellas debida a su antigüedad laboral, es algo imprescindible también. A diferencia de muchas de las improvisadas “guarderías” que abundan en este país, localizadas en lugares peligrosos (recuérdese lo sucedido en Sonora en el 2009, con el incendio de una supuesta “guardería” que se hallaba establecida en una bodega de llantas, que dejó decenas de infantes muertos), las empleadas del Cendi de la STPS aseguran que el lugar es totalmente adecuado, contando con áreas de juegos, áreas verdes, amplios salones, cocinas, comedores… todo cuanto hace de la estancia de los niños segura, adecuada y confortable. Además, nunca ha habido algún accidente o algún niño que haya sufrido daño de algún tipo, ¡ni mucho menos algún deceso!, aseguran las empleadas.

Quizá el hecho de que más del 80% de las empleadas tengan más de 15 años laborando allí, haya dado marcha atrás al proyecto original de liquidarlas – que seguramente estuvo en las opciones que había para cerrar el sitio –, en flagrante violación a los derechos laborales debidos a su antigüedad laboral. Una de ellas tiene 33 años trabajando, tiempo suficiente para jubilarse, “pero no he querido porque con lo que te dan de pensión te mueres de hambre”, afirma.

Y entonces, muy a la mano y convenientemente, se manejó lo de las “peligrosas instalaciones”, acompañando tan absurdo argumento, como comento arriba, de la arbitraria toma del edificio desde el viernes 29. En las ventanas que están al lado de la entrada principal, los empleados de “seguridad” que se encuentran en el edificio – que según testigos fue tomado durante la noche –, hay largos pliegos emulando los “oficios” con los cuales las autoridades ilegal y unilateralmente, determinaron el cierre de aquél. Con una pésima redacción, aún más enredada por supuestos tecnicismos que tratan de “demostrar” la peligrosidad de la construcción, se pretendió “convencer” a las empleadas y a las madres de los niños que sus vidas “corrían peligro” si seguía funcionando como guardería. Se subraya, en negritas, una frase que dice “El edificio analizado está en riesgo de colapso en el momento de un sismo intenso”. Si ese fuera el caso, comentan las empleadas, con tanto sismo intenso que ha habido, incluido el de abril pasado, ya se hubiera caído. Además, como señalo antes, si realmente está en peligro de colapsarse, con las pruebas en mano y frente a empleadas y madres, se debió de hacer una amplia y detallada exposición de las fallas que tan mal redactadas y pésimamente señaladas se indican en los “oficios”. Sin embargo, la premura, la ilegalidad y la turbiedad con que han actuado las autoridades, llena de suspicacias y sospechas tan precipitada, arbitraria acción.

Si realmente estuviera el edificio en malas condiciones, como ya señalé, qué mejor que todo mundo lo supiera y se mostrara fehacientemente qué tan mal se encuentra. Nada mejor que la verdad y la transparencia.

Y dado que ese es el único argumento esgrimido por las mañosas, autoritarias autoridades, las empleadas, en la mañana del viernes, como medida de presión, cerraron por varias horas el eje central “Lázaro Cárdenas”, lo cual surtió efecto, ya que acudieron autoridades capitalinas a escuchar sus reclamos. El resultado de tan espontánea movilización es que se llegó al acuerdo de que el martes 3 de febrero próximo acudirán a inspeccionar el edificio peritos de la delegación Cuauhtemoc, junto con padres y madres de los hijos y empleadas, para dar fe de que en verdad está en malas condiciones o revocar el autoritario argumento. Y si en verdad estuviera en malas condiciones, pedirán que todo el Cendi sea trasladado a un nuevo local, pues la “solución” planteada por las autoridades es la de distribuir a los niños en otras guarderías y a las empleadas “reubicarlas”. Pero no cuesta trabajo imaginar de qué tipo serán las reubicaciones que les propongan. Quizá les planteen irse, por ejemplo, hasta el Ajusco, lo que para la mayoría significarían traslados de dos o más horas. Por lo que quizá muchas optarían por el retiro, como también se ha rumorado que se les ofrecería, incluso con un bono adicional… y eso también se parece mucho al síndrome de los electricistas, a los que originalmente se quiso “convencer” de que aceptaran sus liquidaciones ofreciéndoles supuestas indemnizaciones muy por encima de la ley, pero que en la mayoría de los casos resultaron engañosas. De hecho, se les ofrecieron a las empleadas dos semanas de vacaciones extras a las que tienen derecho, “en lo que se les coloca, gozando de todas sus prestaciones de ley”. Claro, pretenden las amañadas autoridades convencerlas mostrándose muy aparentemente “espléndidos”. Y a las madres de los hijos que allí se atendían, se les concedió licencia, toda la necesaria, también en lo que se “halla una nueva guardería” para sus hijos. “Pero, fíjese, muchas madres tienen un hijo en una primaria cercana y luego de allá, traen aquí al otro niño, así que si cerraran el Cendi, sería muy difícil para ellas… a lo mejor también tendrían que sacar de la primaria a su otro hijo”. Y también es el caso con varias empleadas, que justamente tienen a uno de sus hijos en dicha primaria y si las reubicaran, serían muchas otras complicaciones las que tendrían. “Además, se violan los derechos humanos de los niños, pues de repente se les rompe su ambiente diario de convivencia social y sana formación”, dice otra trabajadora.

Pero, claro, al gobierno y sus nefastas autoridades eso es lo que menos les interesa. Total, los funcionarios viajan en autos blindados, con escoltas o en helicópteros.

Mientras tanto, las muestras de autoritarismo continúan. Las madres que laboran en las oficinas que se localizan en el Ajusco, decidieron solidariamente realizar un paro de labores el viernes 29, en apoyo al Cendi. Y también han acudido varias a hacer guardias. Platican que en tales oficinas, una de ellas impidió el paso al jefe de personal y que el prepotente funcionario la aventó a un lado, espetándole además que ella no era nadie para impedirle la entrada. La solidaria madre terminó con un tobillo esguinzado y acudió a una clínica para que la revisen. Les sugiero que levanten una demanda penal contra el individuo aquel.

Como medida de presión adicional, montarán guardias tanto diurnas como nocturnas hasta el martes, día en el que, confían, se sabrá la verdad. Les aconsejo que haya un notario presente para que dé fe de los hechos, cualesquiera que éstos sean.

Y, como dije antes, quizá la premura sea que el edificio se vaya a emplear para otros fines. Ocupando más de dos terceras partes de la manzana en que se localiza el edificio del Cendi, están las oficinas del Servicio panamericano de Protección, empresa que se dedica al traslado de valores (cuyas camionetas, por cierto, se estacionan donde quiera y circulan de manera muy prepotente en intimidatorio por toda la ciudad). También, según los rumores divulgados por “Radio pasillo”, como algunas le llaman a la comunicación “bajo el agua”, se ha sabido que dicha empresa desde hace años ha querido comprar el edificio para ampliar sus oficinas (seguramente porque en la época actual tan, digamos, insegura, le ha ido muy bien en sus negocios y se quiere ampliar, razono). No sorprendería que una vez desocupado el lugar, la “Panamericana”, como se la conoce coloquialmente, pasara a ocuparlo, con sólo hacerle algunas ligeras adecuaciones. Y no sería de sorprender, pues en este gobierno panista todos los bienes públicos, desde edificios, hasta zonas naturales protegidas, se están vendiendo.

“¡Pero estamos dispuestas a todo, sí, llegaremos hasta las últimas consecuencias!”, declara una de ellas. “¡Si de todos modos nos quieren fregar, pues ya más no van a poder!”, exclama otra, con verdadero ahínco y ganas. “Nunca pensé que alguna vez estaría en esto”, comenta otra, “¡pero más vale tarde que nunca, que no digan que no luchamos por nuestro centro de trabajo!”. Y tan dispuestas están a defenderlo, que pasaron ya su primera noche, la del viernes a sábado, fuera del edificio, haciendo guardia, sufriendo frío y todas las inconveniencias que eso ocasiona. “¡De aquí no nos vamos a mover hasta que nos devuelvan el cendi, se lo aseguro!”.

Les deseo lo mejor y les prometo que esto se divulgará lo antes posible. No sólo se trata de su lucha, sino de la de miles de trabajadores que han sufrido, o sufrirán, la misma suerte.

Contacto: studillac@hotmail.com

viernes, 15 de enero de 2010

Robo en descampado, el arrastre de autos por grúas policiacas en la ciudad de México.

Robo en descampado, el arrastre de autos por
grúas policiacas en la ciudad de México.

Por Adán Salgado Andrade


Desde esta anárquica, concentración urbana llamada Ciudad de México. Una de las maneras de represión estatal más extendidas actualmente es la imposición de coercitivas medidas que, basándose en un supuesto sistema de legalidad, mantienen en constante estado de hostigamiento, zozobra y acecho al ciudadano común, aquél que no goza de notoriedad alguna, carece de fama, es decir, la mayoría de la población de cualquier país. En México, por ejemplo, en nombre de dicha legalidad, se están implantando una serie de arbitrarias acciones que, de acuerdo con la élite política, en conjunto con la empresarial, consideran “adecuadas” para “reordenar y superar” la crisis económica vigente. Se aprovecha que el caos generado por tal crisis, justifica tan severas medidas tales como el alza de impuestos, la invención de nuevos, el alza en los combustibles, la devaluación del dólar, la desaparición de empresas (como la liquidación de la paraestatal Luz y Fuerza del Centro), la reducción de presupuestos en educación, salud, seguridad social, la modificación y “flexibilización” de la ley laboral (hacerla más adecuada a las necesidades patronales, por supuesto), los controles salariales… y estar amenazando con que si no se aplican tan rígidamente las restricciones anunciadas, el país estará condenado a la anarquía y, casi casi, a su desaparición como nación (Ver mi artículo “La muy oportuna descomposición del estado mexicano, pretexto para militarizar y recrudecer la represión gubernamental”). Incluso la muy convenientemente llamada “guerra contra el narcotráfico” – intimidándonos así con ese nombre de que nos encontramos en “peligroso” estado de guerra, para que el impacto en la psiquis social, la estrategia del miedo, muy a como se hace en Estados Unidos, ejerza un más efectivo control social –, también se ha advertido que de no hacerse así, militarizando al país, se “habrá perdido la batalla en contra del crimen organizado”. Y eso ha dado lugar a que todas las violaciones cometidas por el ejército sean justificadas en nombre de esa guerra “contra el narcotráfico” (Ver mi artículo “La fracasada lucha panista contra el crimen organizado”).
Obviamente que todo lo anterior, como señalé, es en detrimento de los ciudadanos comunes, quienes ante tantos acosos, terminan por resignarse a cuanta arbitraria, corrupta y legaloide imposición provenga de sus gobernantes. Huelga decir que estos gobernantes se cuidan muy bien de conservar sus privilegios (los diputados o funcionarios públicos, por ejemplo, conservan sus altos salarios, los empresarios no pagan impuestos), durante dicho proceso de, digamos, delincuentización social que termina por convertirnos a todos en delincuentes por la más mínima “violación a las normas establecidas”. Y ello, lo de conservar sus prerrogativas, porque sólo así, en un estado de constante represión y hostigamiento social, pueden ejercer los grupos dominantes el poder omnipotente, arbitrario, ilimitado, diseñado para sus exclusivos intereses.
En el caso de la concentración megaurbana llamada “ciudad de México”, se apela a que, con tal de “ordenar” la anarquía reinante, es necesario llegar a tantas restricciones que, más que alentar a seguir viviendo en este aglomerado sitio, pareciera que se busca con ello alejar a sus presionados habitantes. Se acaba de autorizar un aumento a la tarifa del metro, de dos a tres pesos, el 50% (que el gobierno local sustentó basándose en una muy cuestionable “muestra” estadística de 6000 personas, cuya gran mayoría, se dijo, votó porque aumentara el precio del boleto, cuando que son millones los usuarios de dicho transporte), siendo que el salario mínimo sólo lo hizo en un magro 4.85%. El servicio por supuesto que no ha mejorado y siguen las largas demoras por trenes estacionados en los andenes (yo soy usuario habitual de ese transporte). También se incrementó el boleto del tren ligero a 3 pesos. Y están en puerta incrementos en los costos de los servicios públicos tales como el agua potable, impuestos tales como el predial… y así, emulando el gobierno municipal perredista de esta capital al neoliberalismo económico del gobierno federal panista, quien autorizó las alzas de impuestos, de servicios públicos, de combustibles…
Claro que ha tratado de contrarrestar la administración de Marcelo Ebrard tan injustas imposiciones economicistas y legaloides mostrando una supuesta faceta “liberal”, muy conveniente cuando, por otro lado, se somete a diario a las presiones e inconvenientes mencionados a los ciudadanos que aquí habitamos. Así, nuestro alcalde Ebrard hace más el papel de showman que de verdadero alcalde, combinando además su actuación-desempeño público con un populismo-verbena, como, por ejemplo, el magro seguro de desempleo (con más tintes políticos presidenciales de Ebrard, que de verdadera ayuda económica a los desempleados) o la precaria ayuda económica prestada a los adultos mayores (pagado todo eso con nuestros impuestos, claro), habernos dados las playas urbanas, las pistas de hielo, haber convertido en dominicales ciclopistas a avenidas como Paseo de la Reforma (o que se pueda acceder al metro en bicicletas los domingos), haber inaugurado el árbol navideño más alto del mundo, haber dado un concierto gratuito del tenor Plácido Domingo en una plaza pública o haber partido la rosca de reyes más larga y pesada del mundo.
Eso combinado, como dije antes, con una supuesta liberal legislación, como la permisividad del aborto o los matrimonios gay (con los cuales estoy totalmente de acuerdo, que no se malinterprete mi posición, pero en lo que no concuerdo es que se les emplee como bastiones de supuesto vanguardismo político, cuando, por otro lado, los vicios de la concentración del poder, de la corrupción y la legaloididad, temas de este artículo, siguen imperando, como referiré más adelante. Véanse, si no, las propias pugnas por ejercer el poder del PRD dentro de sus filas).
Justo eso sucede cuando el ciudadano común, como ustedes, lectores, como quien esto escribe, enfrentamos situaciones de arbitrariedad que, apoyada, repito, en un legaloide sistema “normativo”, nos hostiga a tal grado que el resultado final es una penalización. ¡Ah, pero cuando se trata de hallar un culpable de robo o de asesinato, entonces no actúan con tanta prestancia las autoridades y en la mayoría de los casos de denuncias penales, los delitos quedan impunes! Además, varias personas me han comentado que al acudir a un ministerio público a denunciar un robo, por ejemplo, de auto, el agente ha tenido el descaro de pedirles dinero, mil pesos o más, según sea el tipo del auto robado, para “agilizar las investigaciones”, lo que puede dar una idea de qué tan corrupto y podrido está, en general, nuestro “sistema legal y penal”.
Así pues, dicha penalización termina por convertirse en un pago monetario por haber violado un “reglamento”, una disposición, una ley. Claro, no podía ser de otra manera en este sistema económico denominado capitalismo salvaje, en donde todo, absolutamente todo, se mercantiliza, se puede comprar, vender… lo vemos, por ejemplo, en que ciertos delitos pueden ser condonados a cambio de una fianza, y eso si hablamos en términos estrictamente legales, pues si el inculpado es un “pez gordo”, puede muy cómodamente pagar mediante un generoso cohecho (mordida, como es llamado aquí al soborno) su salida de la cárcel o su escape (es el caso del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien desde su “huída” de la cárcel de alta seguridad de Puente Grande, Jalisco, no ha sido atrapado de nuevo. La revista Forbes el año pasado le dio el lugar número 701 de los hombres más ricos del mundo). Es entonces que al “violar” una norma, un reglamento, la penalización la mayoría de las veces es monetaria, sí, pagar una multa, una fianza, una cuota… el dinero todo lo puede, y más cuando, aduciendo razones de reducción presupuestal (la situación de shock), se incrementan los costos de las penalizaciones o se crean otras nuevas. Quienes, por ejemplo, poseen un vehículo, independientemente de si es nuevo o viejo, cada vez enfrentan más y más penalizaciones: aprobar la verificación de emisiones contaminantes (que no se pasa sin un soborno, como muchos de ustedes habrán sufrido, aunque el auto sea reciente), pagar la tenencia, usar cinturón de seguridad, usar localizador satelital… etcétera, y si se cuenta con el dinero para cumplir con tantas restricciones, el precio por tener dicho vehículo, ya de por sí alto, no se verá incrementado, digamos que innecesariamente. Aunque a veces ciertas restricciones, como el conducir en estado de ebriedad, no tienen, hasta ahora, una penalización monetaria, sino que amerita arresto, pues realmente es una grave falta que pone en peligro otras vidas, además de la del insensato conductor… pero ya se habla de que podría conmutarse por una multa. Claro, como dije, en este sistema todo puede comprarse. Y entonces si un automovilista está ebrio, se le amonestará, pero si la nueva legislación pasa, adelante, ya no se le arrestará, se le obligará a pagar una multa, al fin que en el sistema el dinero logra la permisividad.
Sin embargo hay situaciones particularmente molestas en las cuales, la “penalización” por haber cometido una falta administrativa llegan a límites de abierta, irritante corrupción, sobre todo cuando, al no tratarse, en efecto, de una grave falta, como sí lo es la de manejar ebrio, se tornan en una suerte de obscuras prácticas delincuenciales, pero por parte de las autoridades, quienes no sólo las toleran, sino que veladamente las fomentan.
Voy a referirme a la cuestión del arrastre de grúas policiacas de autos particulares. En cualquier parte del mundo esta es una manera que tienen las ciudades y municipalidades locales de allegarse fondos y es una práctica normal, sobre todo cuando se trata, en efecto, de descongestionar las avenidas principales, las que deben en todo momento estar libres de obstáculos, sobre todo autos, para que la circulación vehicular sea expedita. Y eso es claro, entendible, sí, sobre todo que se realizara sin exclusiones, pues muchas veces vemos autos de funcionarios o policíacos muy cómodamente estacionados en avenidas importantes, sin que ninguna grúa oficial ose remolcarlos hasta los depósitos vehiculares. Como dije arriba, ciertos grupos conservan sus privilegios y es otra habitual forma de abuso del poder (no sólo estacionarse en zonas prohibidas, sino que los grupos privilegiados son muy dados a romper con la “legalidad” imperante y salir impunes de sus acciones. Considérese, por ejemplo, lo que sucede en Ciudad Juárez, en donde muchos de los cientos de crímenes cometidos contra mujeres han quedado impunes, pues se sospecha que son realizados por las elites empresariales locales convertidas en asesinas mafias que las matan por diversión. Véase el interesante documental mexicano “Bajo Juárez”, que analiza a profundidad esa infame situación).
Por otro lado, el hecho de que muchos conductores se estacionen, en efecto, en lugares indebidos, se debe a la alta carencia de cajones de estacionamiento, sobre todo en sitios en donde la frecuencia de automovilistas es alta, como zonas comerciales u oficinas públicas, rodeados, además, por importantes avenidas o vías rápidas. Curiosamente es en esos saturados sitios en donde menos se puede aparcar la gente y ni se construyen estacionamientos. Y es tan alta la incidencia de arrastres en esos lugares, que tan sólo diez importantes avenidas concentran más del 30% de ellos.
Si eso es una supuesta manera de desalentar el empleo del automóvil, resulta contradictoria, pues tantas obras viales que se han emprendido, como segundos pisos en el periférico, distribuidores y puentes vehiculares, al contrario, seguirán incentivando el uso y la compra de autos (esto aunado, además, al pésimo transporte público que adolecemos), ya que de todos modos en este consumista sistema capitalista, la condición vital para su sobrevivencia es el consumo masivo. En la ciudad de México, se calcula que el parque vehicular aumenta alrededor de 4% cada año, o sea, entre 150,000 y 200,000 vehículos más circulan por sus calles cada doce meses (y se les premia evitando que se verifiquen durante dos años, muy elitista incentivo adicional para estrenar auto, ¿no creen?). Entonces, desde aquí comienzan las anomalías, pues pareciera que se buscara a toda costa que los automovilistas incurran en el “grave delito” de estacionarse en zonas prohibidas, faltas de estacionamientos legales.
Pero cuando el arrastre de vehículos por grúas policíacas en la ciudad de México (y en cualquier otra, dado el caso) no está sustentado por una marcada señalización que prohíba el estacionarse en determinados sitios, sino por el lucrativo criterio de los conductores de las grúas policíacas, como sucede con una gran cantidad de vehículos que son arrastrados a los depósitos vehiculares, entonces se convierte en un autoritario abuso oficial, prácticamente en un velado acto delincuencial solapado y alentado por las municipalidades locales. Como ya dije antes, en esta desquiciada ciudad de México, que continúa alentando el empleo del automóvil, el arrastre vehicular se ha convertido en un verdadero azote hacia los automovilistas, incapaces de reclamar, pues, se justifica el gobierno local, es una acción perfectamente legal sustentada en tales y tales artículos.
Sin embargo, no es la legalidad la que realmente ampara esta corrupta práctica, sino la cantidad de dinero que generan las “penalizaciones” que deben de pagar los afectados automovilistas para “liberar” a sus autos de los depósitos vehiculares. Una parte de ese dinero se va para el gobierno de la ciudad de México, en teoría, y otra parte, a las empresas particulares a las que se les ha concesionado una fracción del cobro de los arrastres. Así que sobre todo para éstas últimas, el remolcar autos cómo se pueda y de dónde se pueda, será su objetivo principal, pues entre más autos atrapen, más serán las cuotas que reciban por cada uno y más rentable será su negocio. Dicho negocio comenzó cuando, curiosamente, Marcelo Ebrard fue secretario de Seguridad Pública, pues fue que, en aras supuestamente de limpiar de corrupción las grúas policíacas, concesionó a una buena parte con tal de que se “evitaran las practicas de corrupción”. Según una investigación periodística del año 2008, son cuatro las empresas particulares que operan unas 165 grúas de las 226 que aproximadamente existen para el inoperante programa de “recuperación de vialidades”. Hay que ver, por ejemplo, lo que sucede en el eje central Lázaro Cárdenas, en donde muchas veces, sobre todo en sus tramos de la zona centro, los supuestos carriles exclusivos para los trolebuses, están invadidos por autos particulares o por vehículos oficiales, sin que ninguna grúa acuda a retirarlos (como evidencia de ese amañado proceder, muestro en la primera de las fotos que acompañan este artículo-denuncia, un auto abandonado, se ve que de mucho tiempo, en un lugar que, aunque no es una vialidad vehicular, sí es un paso peatonal, y el auto en cuestión, aparte de que ya se convirtió en un basurero, puede dar lugar a que en él se agazapen delincuentes en espera de una víctima a quien asaltar, sobre todo por las noches. Este desvalijado auto está a no más de dos kilómetros de un depósito vehicular policiaco repleto de grúas. Más adelante, también muestra de abandono urbano, cuando no hay una ganancia de por medio, hallé abandonados árboles de navidad, que muestro en la segunda foto, los cuales, ya cumplida su anti-ecológica, ornamental función decembrina, fueron tirados en ese paso peatonal, preguntándome, ¿pues no que los iban a reciclar para hacerlos composta, con tal de que la gente no sintiera remordimiento por haberlos cortado sus criadores y quitado la vida a tan temprana edad? ¡Puras mentiras de este salvaje y mentiroso sistema económico!).
En ese año, 2008, las grúas particulares recibían a razón de veinte pesos por auto arrastrado, debiendo cubrir cada grúa una mínima cuota de diez vehículos, supongo que para que la aparentemente reducida cuota se compensara en volumen, aplicándose aquí no otra cosa que el criterio capitalista del eficientismo productivo: poca ganancia obtenida por mercancía individual, pero compensada por la masiva sobreproducción. Pero si esa es la cuota actual o ha aumentado, que es lo más seguro, lo cierto es que si multiplicamos la “multa” actualizada, 652 pesos, por 225 grúas y suponiendo que cada grúa arrastre veinte autos en promedio, obtenemos nada menos que $2,934,000, o sea, casi tres millones de pesos por este corrupto concepto, dinero que finalmente ignoramos a qué se destina, y al gobierno local no le interesará en lo más mínimo aclarárnoslo.
Pero como ya he dicho, el gobierno perredista de Marcelo Ebrard se escuda en que la ciudad necesita allegarse de recursos, con tal de recurrir a esta abusiva y corrupta práctica del arrastre vehicular, y por eso lo seguirá tolerando, incluso en contubernio con el gobierno central panista, pues si es una manera de que el Distrito Federal se haga de más recursos propios, sobre todo en estos momentos de reducción presupuestal (como dije, todo se vale en medio de la crisis), adelante, a auspiciar y alentar ese lucrativo negocio. Pero se nos dirá que los recursos se destinarán a supuestas obras sociales, como ayudar a los pobres, a los ancianos, a los desvalidos, pues con eso de que ahora todo se hace en nombre de los pobres, subir impuestos, crear nuevos, aumentar los combustibles… o hasta las corruptas prácticas autoritarias, entonces adelante, hostíguense y penalícense a los ciudadanos hasta el límite de su capacidad económica. Pero en realidad no es a los pobres a los que se beneficia con tanta imposición, sea legal o no, sino que ello permite que las autoridades, sean locales o federales, sigan conservando sus privilegios economicistas. Y por ello se puede entender que, en especial, el problema del corrupto y mafioso arrastre de vehículos sea generalizada práctica en todo el país (pueden verse en blogs y redes sociales los incontables testimonios denunciando tan deleznable práctica por delincuentes uniformados que dicen ser “policías”).
Mencionado todo lo anterior, como obligado preámbulo, narraré cómo yo mismo fui presa de esa rapiñera corrupción el martes 12 de enero de este naciente, igualmente crítico año. Por cierto, ello fue debido a circunstancias que también podríamos circunscribir al campo de otro tipo de corrupción, esta comercial, pues acudí a hacer un cambio de un artículo defectuoso a la tienda Wal-mart Aeropuerto, adquirido apenas dos días antes (sirva también esto para denunciar esa pésima comercialización de artículos chinos defectuosos que acostumbra hacer dicha cadena de supermercados). Estacioné mi auto, un viejo modelo 77, que rara vez empleo, en una tranquila calle, Ampliación Civil, considerada como vía secundaria, de bajo tráfico (definida como aquella calle que está en una colonia, de acuerdo con el reglamento de tránsito vigente). En ambos lados de dicha calle había decenas de vehículos estacionados lo que evidencia que es común aparcarse allí. Además, había una fila completa de taxis colectivos (peseros), colocados hasta en doble fila, que abarcaban más de media calle, lo que demuestra la impunidad de ciertos sectores ala que me he referido antes. En la tercera y cuarta de las fotos muestro la calle en cuestión.
No siendo una vía primaria (definida, según el mismo reglamento, como los ejes viales, las calzadas, las avenidas y todas las vías rápidas) y no habiendo en absoluto señalización alguna que prohibiera el estacionamiento en ese lugar, ni invadiendo una entrada a la cochera de domicilio o empresa alguno, con toda confianza me decidí a estacionar allí mi vehículo. En la quinta foto muestro el sitio exacto en donde lo estacioné. Como puede verse, no hay señalización que prohíba estacionarse allí.
Accioné el freno de mano, como siempre hago, por medida de seguridad extra, para evitar robos, según yo, pero no contaba con los de las corruptas autoridades policíacas. Consideré que no me llevaría más de veinte minutos dejar el artículo electrónico, una costosa radiograbadora, en la tienda (la que, al final, no me la cambió pues ya no había más modelos de radiograbadoras de ese tipo, y sólo me dio dos opciones, que cambiara el costo del aparato por mercancías equivalentes o que llamarían al técnico de la empresa Sony, el defraudador fabricante, para que la reparara, que fue por lo que opté, en vista de que no iba a adquirir mercancía innecesaria).
En efecto, no me llevó más de veinte minutos el trámite. Y ya salí, resignadamente decepcionado de la tienda… ¡y mi amarga sorpresa fue ver que mi viejo auto ya no estaba en donde lo había dejado!
Así, asesorado de inmediato por familiares que han pasado por el mismo irritante, arbitrario, corrupto trajín, llamé antes al número al que se reportan vehículos desaparecidos, en donde luego de varios minutos, unos veinte, de escuchar torturante propaganda oficial – “que si estás enfermo de diabetes, cuidado, es mortal, que si no subes con cuidado las escaleras eléctricas te puedes matar, que si tienes influenza, vacúnate o te mueres, que si no verificaste tu auto, cuidado porque eres un peligrosísimo delincuente ecológico y debes de pagar una multa… y así, muy amable, alentadora, atemorizante perorata, cortesía del gobierno de la ciudad de México –, por fin una voz femenina me tomó los datos del auto y tras otros diez minutos de supuestos, “eficientes” rastreos, me proporcionó la localización del corralón (así se conoce en México a los lugares en donde son encerrados por mala conducta los autos de los peligrosos automovilistas que osan estacionarse en el lugar y a la hora equivocados). En la sexta foto muestro el corralón.
Allí, en improvisadas instalaciones, en un lugar que más parecía un deshuesadero automotriz (por tantos autos y motocicletas que languidecen en el sitio debido probablemente a engorrosos y corruptos trámites legaloides que, a fin de cuentas, no se pueden resolver sin un soborno previo), en un ambiente como de prisión y que hedía a corrupción, con sólo ver a los muy rudos “representantes de la ley”, este narrador, tranquilo, sin enojo – por si esa actitud sirviera para evitar mayor prepotencia autoritaria y policial –, se presentó a una improvisada oficina de materiales prefabricados, anunciando ante el prepotente policía encargado de recibir la documentación que “vengo a liberar un auto que fue levantado por la grúa, en un sitio en que no había disco ni señal que prohibiera el estacionamiento allí”, Sin inmutarse, inició su muy ensayada, atemorizante perorata de los documentos necesarios comenzando por la tarjeta de circulación, la cual estaba en mi vehículo, como le aclaré. Muy déspota, me dijo que pasara a recogerla, lo cual hice. Pude constatar que el freno de mano había sido afectado, pues, según testigos, no fue subido el auto en una base suplementaria, como deben de hacer los operadores de las grúas, cuando es evidente que están inmovilizados de las llantas traseras algunos autos por el freno de mano o la transmisión. Con tal de no llegar a más infructuosos alegatos (pues ya en otros estados de la república mexicana me he enfrentado a situaciones similares, en donde los corruptos policías se desentienden de los daños ocasionados), acudí de nuevo con mis papeles, de los cuales se pedían dos copias. Justa y muy estratégicamente, un improvisado puesto metálico para sacar copias fotostáticas está enfrente del lugar, nada más alzar la vista. Allí fui y copias borrosas que normalmente cuestan cincuenta centavos, cuando mucho, se cobran a dos pesos cada una, lo que hace pensar en una conexión entre ese sitio y los policías del corralón, quizá hasta sea negocio de familiares de ellos, pues si sacan allí unas cien copias diarias (son ocho copias por conductor las que se requieren si la documentación está en regla), al menos doscientos pesos es lo mínimo que deben de obtener por tan oportunista negocio. Por fortuna, mi documentación sí estaba en regla y a mi nombre: licencia de manejo, tarjeta de circulación, identificación y tenencia reciente (en este caso, la del 2009). La onerosa, arbitraria, corrupta penalización es de 652 pesos, desglosada como sigue: $143 pesos, reducidos de $287 por “pago antes de treinta días”, más el obligado arrastre de la grúa, $508 pesos. Ya más tarde, al revisar en la boleta los supuestos artículos que amparan el cobro-robo mencionado, la supuesta tarifa por el arrastre de la grúa, se basa en el artículo 230, fracción I, del Código Financiero del Distrito Federal, pero resulta que al consultarlo, la fracción I está derogada, así que no se sabe cuál es el fundamento legal para dicho cobro, lo que constituye una laguna del derecho, por lo que existe una violación al principio de la legalidad que se consagra en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Acudí a la “caja” recaudatoria, cuyo “cajero” es otro policía con un marcado gesto de corrupto prestador de servicios. Pagué con $700 pesos. Para darme mi cambio, el hombre sacó un grueso fajo de billetes, no de una caja registradora o algo similar, sino del bolsillo de su chamarra, que calculé ascendería a unos diez mil pesos como mínimo, dados los varios billetes de quinientos pesos que aquél contenía. Finalmente, me entregó dos papeles, uno, la boleta que especificaba la “falta” cometida y otro, una copia fotostática foleada (001260 es el número), que informaba y desglosaba la multa-robo que había pagado. Esos papeles le concedieron la libertad a mi viejo auto, que en medio de tanto abandonado vehículo, lucía aún más triste y decrépito…
Conteniendo toda la impotencia que provoca someterse a tanta descarada corrupción y arbitrariedad, salí del sitio, manejando lentamente, pues comprobé que mi auto no frenaba bien, puesto que las balatas traseras habían sido quemadas como consecuencia de haberlo arrastrado con el freno de mano puesto.
Ahora, cuando escribo estas líneas, me debo de enfrentar a una reparación repentina y a haber pagado una corrupta y mafiosa “penalización”, que no tenía contempladas en mi presupuesto y a la tristeza de que no siendo una gran, famosa personalidad (hay que ver con qué prestancia acudió Ebrard al lugar en donde se accidentaron en helicóptero un famoso empresario y su familia hace unos días), ninguna autoridad atenderá mi denuncia, ni se inmutará por lo que, como yo, cientos de ciudadanos sufren a diario y ni, mucho menos, pagará los desperfectos provocados a mi auto y el daño moral y las molestias ocasionadas a mi persona.
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