Trabajo comunitario, humillación a los ciudadanos
Por Adán Salgado Andrade
“¡Cuando me sujetaron y me pusieron las esposas, me sentí humillado, indignado, impotente… sí, como si estuviera en una película, porque no lo podía creer!”, exclama José, mientras me narra su desafortunada experiencia “legal”, ante una situación que no ameritaba todo por lo que debió pasar, pues los empleados de oficinas públicas no hacen bien su trabajo, aunado a los engorrosos trámites burocráticos tan lentos y que varios, deberían de ser eliminados.
Todavía denota la voz de José quebranto ante lo sucedido. A sus 59 años, dice que nunca en su vida, había pasado por algo así, “de que te traten como a delincuente, como si te hubieras robado algo”.
Y, en efecto, la forma en que se le trató por una “falta administrativa”, si eso puede llamarse su “delito”, evidencia lo desprotegidos que estamos los ciudadanos comunes ante un sistema legaloide, en el cual, no imperan leyes, sino la discrecionalidad de quien tiene la autoridad en cierto momento.
Debo decir que José es un muy buen amigo de hace muchos años, ingeniero civil de profesión, una persona recta y responsable en todos los sentidos. Señalo eso, porque no se trata de alguien que acostumbre, digamos, a violar la ley. Todo lo contrario, se apega lo más posible a códigos, reglamentos y demás sistemas de coerción, tan típicos de las “avanzadas sociedades”.
Justamente, por cuestiones legales-administrativas, fue que José tuvo que acudir a la alcaldía Cuauhtémoc, hace unos días. Como actualmente administra una vieja casona de los 1930’s, ubicada en la colonia Roma, en la calle de Orizaba, ha tenido que hacer demasiado papeleo burocrático para que las autoridades les permitan a los dueños, rentarla como casa-habitación. “¡Por la pandemia, todo se retrasó y tenemos más de dos años, tratando de arreglar los permisos!”, exclama nuevamente, comentando todo lo que ha implicado tener en orden a ese viejo inmueble, entre trámites, pagos, visitas a la delegación y más, el que, además, ha sido remodelado varias veces, con tal de que ahora se presente como una construcción segura, que no vaya a caerse por un temblor. Pero como por su antigüedad, tiene un “valor histórico”, todavía son más engorrosos los trámites para las autorizaciones de cualquier tipo.
Habían pensado en darle un giro comercial, pero por lo del “valor histórico”, es mucho más complicado y costoso. “Todo eso cuesta y los dueños ya han gastado mucho”, dice, “y lo que quieren es que ya comience a darles dinero”. Es natural, pues tan sólo de predial, a pesar de estar considerada como casa-habitación, deben de pagar doce mil pesos bimestrales. “Pues se ha dejado de pagar, porque es mucho dinero”, dice José.
Y por el mantenimiento, más su administración, son otros veinte mil pesos mensuales. “Entonces, pues los está sangrando, ¿ves?”, asegura José.
El aludido trámite en la delegación Cuauhtémoc, era para “aclarar” que inspectores habían, en efecto, acudido a verificar la casona, en enero del 2019, y que no habían encontrado nada “ilegal”, que ameritara multa o, peor, clausura. “Yo saqué una cita para decirles que sí habían ido y que no encontraron nada irregular. Me la dieron a la semana de que la pedí. Es que es un trámite que debes de hacer, porque, si no lo haces, también te pueden multar o amonestar”. O sea, a pesar de que nada malo hallaron los inspectores, absurdamente, se debe de notificar a la delegación de su visita. Eso da idea de lo absurdamente redundantes que llegan a ser los trámites burocráticos, los que, por supuesto, si los dueños tuvieran el suficiente dinero, podrían arreglarlo de una manera “más directa”, como muchos con posibilidades, hacen. Así que eso de que en la 4 T, iba a terminarse con la corrupción, dista de ser cierto. Persisten las malas prácticas de empleados enraizados en la deshonestidad.
Como siempre había estado haciendo, José sacó su cita por Internet, guardando en su celular la captura de pantalla que señalaba que lo había hecho. Sin embargo, el empleado de la entrada le dijo que no podía ingresar a la delegación, si no llevaba otros papeles. “Te estoy mostrando que tengo cita”, le aclaró José, pero el otro insistió en que sin los otros papeles, no podía ingresar. Lo cual era absurdo, pues se trataba de un trámite interno, que José haría con el empleado responsable, con quien tenía la cita, por lo que no había nada qué enseñar, más que la constancia de que la había sacado con antelación.
“¡Sin papeles, no puede entrar!”, le gritó, prepotentemente ese hombre. José, con los ánimos algo exacerbados, le dijo que él iba a entrar, pues tenía la cita y era todo lo que requería. En ese momento, se acercó uno de los policías encargados de vigilar la delegación. El empleado le dijo que José no llevaba unos papeles y que no podía entrar, pero que se obstinaba en hacerlo. Alguna señal se habrán hecho, pues, de repente, el empleado, le dijo que pasara. José, ya molesto por tamaña ineptitud, caminó hacia la entrada. Justo fue pasar el arco detector de metales, cuando sintió como el prepotente policía lo sujetó por la espalda y, con lujo de violencia, le colocó las mencionadas esposas. “¡Me estás lastimando, cabrón!”, señala que gritó, con toda razón, empleando esa altisonante palabra, pues luego de los minutos que el de la entrada le había hecho perder, tuvo que soportar la adicional humillación pública de ser sometido y esposado y de que lastimaran sus muñecas. “¡Es que te aprietan, es muy doloroso!”. No lo podía creer, ser tratado como a un vulgar delincuente, cuando lo único que había hecho, había sido exigir su entrada al recinto, pues tenía cita, no era arbitrario que quisiera hacerlo.
“Lo peor, es que todos se quedan mirando, nadie te ayuda”, dice, reprochador. Tiene razón, pues vivimos en una sociedad tan indiferente, que lo único que se inspira en esos casos es el morbo social. Para ese, sí, no se necesita convocar a la gente.
Pero la humillación, que comenzó con la colocación de las esposas, fue el principio de una serie de arbitrariedades y actitudes intimidatorias y prepotentes de los, así llamados, “representantes de la ley”.
De inmediato fue conducido al juzgado civil, ubicado en la misma alcaldía.
Ya, el “policía” que lo llevaba, lo iba intimidando con que “si no paga la multa, lo encierran treinta y seis horas”. José se seguía defendiendo, que él, nada había cometido, que era ilegal lo que le estaban haciendo. “¡Ya cállese, viejito delicado!”, exclamó el “policía”, con un agravante más a la prepotencia con que lo estaban tratando, al insultarlo de esa manera. “Pero te sientes solo, no puedes creerlo, como si estuvieras en el medievo, que no había leyes o muy pocas”, dice José.
Ya, frente al “juez civil”, de nada sirvió lo que José seguía alegando en su defensa, que dada la incompetencia del empleado de la entrada de las oficinas, tuvo que exasperarse. “¡Pero en ningún momento me puse violento!”, aclara que les dijo, como querían acusarlo. Se le preguntó, entonces, al empleado, si otorgaba el perdón. “No, señor juez”, dijo. Por lo que siguieron las intimidaciones, de que o pagaba $1,800 pesos o se le arrestaría por 36 horas. “¡Imagínate, no tenía ese dinero en ese momento. Además de que no, porqué les iba a pagar, no, si no había hecho nada!”, enfatiza.
Sí, en realidad, no había ninguna falta, nada realmente que ameritara que se le hubiera detenido.
Había entrado al juzgado, a eso de la una de la tarde. A las tres, se dio el cambio de turno. “Una abogada, más accesible, fue a la que le tocó ese turno. Y me dijo que lo que había hecho, no ameritaba arresto, que con trabajo comunitario bastaba”.
Le pregunto que si no pensó en levantar una denuncia por maltrato y prepotencia contra el policía y el empleado, pero me dijo que tendría que haber pagado la multa e iniciar otro engorroso proceso, en que por semanas o meses, se cotejarían pruebas, testimonios y otros largos trámites. “Hubiera necesitado testigos, pero, como te digo, nadie se metió”, dice. En efecto, en un asunto así, habríanse amañado policía deshonesto y prepotente, con empleado inepto y seguramente habría sido el mezquino testimonio de ellos contra el de José.
La juez, le pidió que pasara con el doctor, para someterlo a una revisión. “El doctor, me dijo que tenía que firmar un papel, en el que consentía que me revisara, pero le dije que sólo me habían lastimado las muñecas, pero que no quería hacer más grandes las cosas, por lo que te conté, de que iba a llevar más tiempo”. Así que mi buen amigo, declinó que el doctor lo revisara.
José ya había telefoneado a su hermano, quien, cuando él pasó con el doctor, había platicado con la jueza, convenciéndola de que por lo que acusaban a aquél era injusto y no ameritaba castigo, pero como el empleado inepto le había negado el perdón, “por eso procede la falta”, dijo la mujer, quien, de todos modos, “se portó muy amable”.
Por fin, cerca de las siete de la noche, la “sentencia” fue que realizaría José, tres horas de “trabajo comunitario”, uno de los “castigos” que han dado en aplicarse en la presente administración capitalina, consistente en realizar alguna “labor útil” a la sociedad. “Tenía la boca seca, amarga, por tanta bilis”, se queja José.
Y esa “noble labor”, la debió realizar hasta la alcaldía Iztapalapa, ubicada cerca de la estación del Metro línea 8, del mismo nombre. Muy lejos de su domicilio, que es allí mismo, en la Roma.
Lo citaron a las nueve de la mañana, del día siguiente. Varias personas, igualmente “infractores”, estaban convocados para lo mismo.
Llegó con el papel que le habían dado en el juzgado, en el que se indicaba su “castigo”, que entregó a unos jóvenes, quienes se encargan de supervisar que tales personas cumplan. “Y si no cumples, te van a buscar a tu domicilio”, agrega.
Por la clásica “puntualidad mexicana”, el turno comenzó hasta las diez de la mañana.
“Me quisieron mandar a recoger cascajo, pero le dije a la mujer encargada, que yo estaba operado de una hernia. Y me pusieron a barrer”.
Con escobas que les proporcionaron, recogedores y un carrito para recoger basura, el grupo de “infractores” tuvo que barrer la explanada de la alcaldía. “De verdad, no sabes lo humillante que es eso, que debas, a fuerza, estar allí”, dice José, algo alterado, seguramente por el desagradable recuerdo.
Y se puso a sacar basura de las jardineras. “No había mucha basura, hasta eso, se ve que limpian”, dice.
Para más rápido pasar el tiempo, se puso a platicar con los dos que estaban a su lado. Uno, un hombre de unos 70 años, quien nunca supo cuál había sido su falta. Había entrado a una iglesia, pues un familiar le había pedido una foto del altar. Dos mujeres, sentadas atrás de él, comenzaron a mascullar insultos contra el hombre. De plano, mejor se salió del templo, pero esas mujeres lo siguieron y lo comenzaron a jalonear en la calle. Fue cuando llamó él a una patrulla, la que le dio la razón a esas mujeres. “Ni supe por qué, pero que me esposan y que me llevan al juzgado. Y me dijeron que tenía que hacer labor comunitaria”.
El otro hombre, un joven de unos 25 años, había chocado y también había sido “castigado” con trabajo comunitario.
“Me dijo uno de los chavos que me firmó los papeles de que había cumplido, que antes era gente que manejaba borracha a la que agarraban, pero que ahora son gente trabajadora, que por cualquier pretexto los acusan y los ponen a trabajar”, dice. Especulamos que podría ser que requieran las alcaldías una cuota de “trabajadores comunitarios” para que realicen ciertas tareas y ahorrarse sueldos, en caso de que tuvieran que contratar a empleados. Eso suena como las cuotas obligatorias que los operadores de las grúas policiales, debían de cumplir, recogiendo autos “mal estacionados”, en pasadas administraciones. Muy sospechosa situación.
“Y casi todos son vagoneros del metro o vendedores que agarran vendiendo, nada de rateros o delincuentes”, enfatiza José.
Dice que, al final de las tres horas, volvió a regresar con los jóvenes que los supervisaban, para que le firmaran el papel de que “había cumplido su trabajo comunitario. “ Y ni un vaso de agua te dan”. “Mejor, yo me regresé con los que estuve trabajando y les disparé unos refrescos”, dice José, sonriendo.
Y el comprobante de su “trabajo comunitario”, lo tuvo que llevar ese mismo día, al juzgado civil de Cuauhtémoc, para que constara que “había cumplido”.
Sí, realmente, un muy indigno y humillante trato el que recibió mi buen amigo.
Finalmente, José, a pesar de su enojo, tuvo que aceptar, resignadamente, esa injusta imposición.
“Mira, yo creo que Claudia Sheinbaum debe de revisar eso. Uno, que quite tanto maldito trámite burocrático, que los que estamos bien, que tenemos todo en regla, que no somos delincuentes, que nos dejen de trabajar. Y, dos, que vea eso de las leyes, porque nada más son para fastidiar al ciudadano común. De verdad, te sientes desamparado, vulnerable, como si estuvieras en la Edad Media, que los siervos eran los que más perdían. Así me sentí. Y te queda un trauma, temes que se pueda volver a repetir”.
Lo peor es que, a pesar de lo vivido, José debe de continuar el trámite que, por causa del empleado inepto, no pudo realizar.
“Ya saqué la cita y normalmente, me la dan para una semana después, pero no me la han dado. A lo mejor, ya me tienen fichado”, sugiere.
Pudiera ser, reflexiono.
Tanta arbitrariedad, prácticas legaloides, prepotencia, engorrosa burocracia… fastidian, llevan al hartazgo social.
Quizá eso explique que en las recientes elecciones, en la ciudad de México, tantas alcaldías hayan sido perdidas por Morena y pasado a la llamada “oposición”. ¿Sería el llamado voto de castigo?
Agradezco a José su testimonio y le deseo mucha suerte con sus trámites.
Realmente, la necesitará.
Que no, por hacerlos, vaya a ser nuevamente “infractor”.
Contacto: studillac@hotmail.com
