Corrupción y contaminación industrial
por Adán Salgado Andrade
En recientes meses, los “accidentes” industriales han sido
frecuentes en el país. Se les llama “accidentes”, pero, en realidad, la
mayoría, si no es que todos, se deben a una velada negligencia, además de complicidad,
entre las mafias locales y federales en contubernio con inescrupulosos cárteles
empresariales, los que, en conjunto, controlan a su antojo a México.
En el 2014, se registraron muy graves siniestros, sobre todo
por derrames de desechos altamente tóxicos, producto de megamineras que operan
prácticamente sin restricciones. Uno de ellos, el que se registró en Sonora, en
agosto, arrojó más de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en
los ríos Sonora y Bacanuchi, proveniente de la mina Buenavista del Cobre,
propiedad del casi intocable Grupo México. El mal estado de las represas en
donde se contienen tantos millones de metros cúbicos de desechos, provocó el
criminal derrame (ver: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/08/19/reportan-muertes-de-animales-por-derrame-toxico-en-sonora-2651.html).
Pero, contrario a lo que se hubiera esperado, la megamina no sólo no se cerró,
como se exigió en su momento, sino que sigue operando, como si nada.
En otro ejemplo, la megamina “Peñasquito” (muy inocente su
nombre), propiedad de la canadiense GoldCorp, que opera en Zacatecas, en sólo
cinco años de actividad ha prácticamente acabado con los manantiales del ejido
Cedros y Cerro Gordo, localizados en el municipio de Mazapil. Además, debido a sus
contaminantes procesos, la población sufre enfermedades desconocidas y las
actividades agropecuarias quedaron en el abandono, al igual que las tierras de
riego (ver: http://www.jornada.unam.mx/2015/01/14/sociedad/039n1soc).
Y eso hacen las megaminas en todos los sitios en donde
operan, sin que ninguna “autoridad”, sea nacional o extranjera cuestione su
depredadora actividad (ver: http://adansalgadoandrade.blogspot.mx/2013/05/los-destructivos-irreversibles-efectos.html).
Son tan laxas las “leyes” que deben de aplicarse a los
procesos industriales en México, para proteger a población y medio ambiente que,
desde la ápoca del mafioso Carlos Salinas de Gortari, se ha ido “concesionando”
el territorio nacional, más de 98 millones de hectáreas a la fecha, a las
depredadoras empresas megamineras, tanto nacionales, así como extranjeras,
éstas, principalmente canadienses (ver: http://www.jornada.unam.mx/2015/04/06/politica/005n1pol).
Por tal laxitud es que, a pesar de la gravedad de tales
derrames, lo irónico es que siguen dándose, el más reciente de ellos también en
Sonora, en Cananea, el pasado 7 de marzo, en donde la mina llamada “María” derramó
180 metros cúbicos de solución gastada de cobre, como resultado de una “falla”
en el sistema de bombeo, afectando severamente a un arroyo conocido como “El
Tordillo” (ver: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/03/10/profepa-confirma-nuevo-derrame-de-minera-en-cananea-sonora-9826.html).
En todo esto, puede uno preguntarse qué hace la permisiva
Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente), además de “informar”
de tales, graves siniestros.
Lo peor de todo es que se engañan a las poblaciones aledañas
a tales derrames, “asegurándoles” que se hacen labores de limpieza, lo cual es
falso, pues los efectos dañinos a la flora, la fauna o los cauces hídricos,
quedan allí por muchos años o quizá nunca desaparezcan. Y, claro, el daño a la
salud humana, en distintos niveles de gravedad, es otra consecuencia directa de
tales catástrofes. Justo como se mintió a los pobladores cercanos a la megamina
Buenavista del Cobre, quienes, a la fecha, muchos aún sufren daños
considerables a su salud, como afecciones respiratorias, quemaduras, entre
otras, y se les ha dejado de dar atención médica (ver: http://www.jornada.unam.mx/2015/01/28/estados/031n1est).
Pero en estos momentos históricos, a la luz de todo lo que
está sucediendo en México, con cotidianos asesinatos, desapariciones, fosas
clandestinas, prepotencia militar y policial, fraudes electorales y altísimos
niveles de corrupción, sobre todo entre la mafia en el poder (todos los
partidos incluidos), no sorprende que se den los “accidentes” mencionados y que
la mafia en el poder nada haga por parar tanta destrucción ambiental (como ha
sucedido, justamente, con los cuarenta y tres normalistas de Ayotzinapa, a los
que, quién sabe cómo, “desaparecieron”, tan eficazmente
que ni todos los recursos de todo tipo que se han desplegado, hayan logrado,
hasta este momento, dar con ellos).
Los criminales derrames mencionados son noticia justo porque
no se pueden ocultar. Pero en muchas ocasiones, sucede que se dan casos de
contaminación ambiental que, entre otras cosas, develaría los niveles de
corrupción en los que seguimos estando en este país y que basta con que tal o
cual personaje, amigo de alguien, esté en el poder, que se autorizan asuntos
que el sentido común no permitiría que se hicieran.
Esto sucede, por ejemplo, en el municipio de Huichapan,
Hidalgo, en donde era cotidiano que vecinos del lugar recolectaran las botellas
plásticas, el llamado PET, con tal de proveerse de algún ingreso extra, dados
los tiempos tan precarios que se están viviendo en este país.
Esa es una práctica que se está haciendo en muchos estados.
Luego de la recolección de botellas, las personas que la realizan acuden a
sitios en donde se compran desperdicios industriales para venderlos. Incluso,
en el DF, es ya una costumbre realizar tianguis cada determinado tiempo, en
donde la gente acude con sus recolección de reciclaje, no sólo PET, sino
aluminio u otros materiales, para cambiarlos por frutas y legumbres.
Y aunque magro el ingreso que se obtenga, pues es una ayuda
para muchos. Por ejemplo, el kilogramo de PET en Huichapan, se compraba en
$4.50 pesos. Así que si alguien acudía con 20 kilos (recolectados pacientemente
durante varios días o semanas, dependiendo de la facilidad que se tuviera para
lograrlo), por ejemplo, pues ya obtenía noventa pesos, “muy buenos”, como me
comenta alguien a quien llamaré Manuel (omito dar nombres, pues el asunto es
delicado).
Sin embargo, de repente, quien adquiría el PET, cerró su
local y colocó un letrero en donde informaba que no se compraría sino “hasta
nuevo aviso”. Y Manuel, que hacía la recolección de PET, al ver el anuncio un
día que lo fue a vender, desconcertado, comenzó con sus averiguaciones y fue quien
me platicó la mayor parte de lo que aquí refiero.
Resulta que, según se enteró, desde inicios del año pasado, 2014,
todos los trabajadores que recolectan la basura en este municipio, fueran de
confianza o sindicalizados, recibieron la orden expresa de que al seleccionar
la basura no se quedaran en absoluto con ningún envase de PET, so pena de que
si no obedecían, se les despediría de inmediato. Intrigante orden aquélla (eso
se lo platicó una amistad que trabaja justo en la presidencia y que se encargó
de dar el aviso y que también le confirmó lo que más adelante refiero).
Manuel siguió con sus averiguaciones y se enteró de que la
basura se iba directamente, nada menos, que a una fábrica de cemento,
perteneciente al grupo CEMEX, y que queda a la salida del municipio.
Allí, la basura, tal como llega, enriquecida, claro, con
botellas de PET y otros desperdicios (sólo se le extraen las latas metálicas o
lo que sea de fierro), se emplea como combustible
para los procesos que requiere la fabricación del cemento, pues resulta más
barato quemar, digamos, basura empetizada,
que quemar combustóleo, que es lo que se debe de emplear. “Me contaron que todo
lo que sea de plástico, hasta televisiones y todo, queman…”, me comenta mi
entrevistado, algo que no sorprendería en este país, con la galopante,
creciente corrupción que vivimos.
Lo peor del caso es que tal acción, se realiza en un
municipio gobernado nada menos que por el apéndice mafioso priísta denominado “Partido
Verde”, PVEM, gansteril entidad que presume de “proteger” al medio ambiente.
Nótese, pues, el grado de corrupción y cinismo al que los grupos de poder del
país han llegado.
Además de ser una criminal acción, la de incinerar PET y
otros desperdicios, dicha quema produce gases muy tóxicos, los cuales, entre
otras cosas, elevan los índices de cáncer pulmonar, asma, bronquitis, entre
otros males, además de que los humos, una vez que se van aglutinando y se
depositan en el suelo, lo contaminan también (http://www.saskwastereduction.ca/assets/upload/pdf/plastics-pdf/effects-of-buring-plastics.pdf).
“Fíjese que en Maney y Dandho, me han dicho que la gente
sufre mucho de cáncer”, refiere Manuel, aludiendo a entidades cercanas, las que
reciben directamente, por las corrientes de aire, la contaminante combustión.
Para evitar que se vea el ocre humo que produce tan tóxica
quema, según le platicaron, se realiza en la noche, con tal de que no sea
visible. Y aunque hay procesos de incineración relativamente “limpios”, éstos
requieren de temperaturas altísimas, de más de 2000º centígrados, los cuales
emplean demasiada energía, que serían incluso más costosos que la quema de
combustóleo. Amigos de Manuel, que laboraron allí, le corroboraron ese infame
hecho.
La persona que compraba el PET, “ya hasta está vendiendo la
moledora”, me dice. Eso confirmaría que, en efecto, ya está prohibido que la
gente común recicle el PET, pues está destinado a ser quemado como combustible
por la cementera. “¡Nos pasaron a joder a todos los que juntábamos las
botellas. Ahora, sólo latas. Y si ve una en la calle, es porque, de plano, la
acaban de tirar, en serio, ya no se ve una sola, de tanto que las buscan!”
Agrega que un sacerdote de la iglesia de Huichapan, desde hace
años, comenzó un activismo en contra de la contaminación que producía la
cementera, la que siempre ha asegurado que cuida hasta el extremo sus
operaciones. Pero el sacerdote insistía en que eso no era así, que había estado
investigando sobre todo porque, al parecer, no siempre ha empleado esa empresa
combustóleo para sus operaciones y casi siempre ha usado otros materiales, como
el PET. “Pues dicen que al padre hasta lo sacaron de la iglesia y que lo
mandaron a África, para que ya no siguiera moviendo a la gente ¿¡cómo ve!?”,
comenta Manuel, con algo de ironía y seriedad.
Uno supondría que existen inspectores encargados de revisar
que las empresas estén operando correctamente en cuando a medidas de seguridad
e higiene laboral, así como industrial, que todas sus operaciones sean
adecuadas y, sobre todo, respetando el medio ambiente en la medida de lo
posible. Pero, como sucede aquí, tales “inspectores” son parte de la
corrupción, tanto municipal, así como federal.
Como el caso anterior, se dan cotidianamente muchos otros,
como lo sucedido en Cancún, Quintana
Roo, en donde se suspendió (por ahora) el proyecto chino Dragon Mart, el cual
pretendía establecer una zona comercial y de maquiladoras en tierras que son
parte de reservas de la biósfera del lugar. La corrupta mafia municipal le “otorgó”
permisos (¿cuánto costaron?), sin mayor problema (ver: http://www.informador.com.mx/economia/2014/534932/6/dragon-mart-suspende-obras-indefinidamente.htm).
O en el caso de Wal-Mart, empresa que hace lo que quiere en
este país, pudiendo, incluso, instalar tiendas en zonas arqueológicas, como la
que construyó, con total impunidad, en Teotihuacan (ver: http://adansalgadoandrade.blogspot.mx/2013/01/los-negativos-efectos-del-emporio.html).
O el supuesto “accidente” reciente en el que una pipa de gas
estalló cuando estaba surtiendo dicho energético a un hospital de Cuajimalpa, a
consecuencia del mal estado de las conexiones con las que contaba (ver: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/29/explota-pipa-de-gas-frente-al-hospital-materno-infantil-en-cuajimalpa-8591.html).
De hecho, todo el Distrito Federal es una bomba de tiempo
debido a miles de tanques de gas, tanto móviles, así como estacionarios, obsoletos, además de pipas igualmente
sin mantenimiento (ver: http://www.jornada.unam.mx/2015/02/12/capital/035n1cap).
No sólo eso, sino que se sigue permitiendo la circulación de
peligrosos tractocamiones de doble remolque, como la pipa de gas que jalaba dos
tanques y que chocó contra un muro y volcó en Xalostoc, el 8 de mayo del 2013,
provocando una grave tragedia que ocasionó 22 muertos y decenas de heridos
graves, además de que fueron destruidas 45 casas (ver: http://www.razon.com.mx/spip.php?article171407).
A pesar de que tales vehículos son sumamente peligrosos, han dicho empresarios
que se oponen a que se prohíban, pues eso “mermaría sus ganancias”. Por
supuesto que la mafia en el poder es cómplice incondicional.
También la construcción del nuevo “súper aeropuerto” de la
ciudad de México es cuestionada, pues especialistas señalan que la zona en
donde se ubicará no es adecuada para tales instalaciones y que, además,
destruirá las pocas reservas naturales con que cuenta la ciudad. A pesar de
tales advertencias y de la oposición de pobladores de Atenco, la Semarnat, ya
autorizó su ejecución (ver: http://www.jornada.unam.mx/2014/12/17/sociedad/037n1soc).
Lo único que se demuestra es que imperan corruptos intereses y los lucrativos
negocios que tal destructiva megaobra favorecerá.
En fin, gracias a la galopante corrupción, promovida muy
oportunamente por este sistema capitalista salvaje en todo el planeta, ávido de
ganancias, a como sea y en donde sea, las mafiosas, depredadoras corporaciones
seguirán destruyendo nuestro devastado planeta.
