grúas policiacas en la ciudad de México.
Por Adán Salgado Andrade
Desde esta anárquica, concentración urbana llamada Ciudad de México. Una de las maneras de represión estatal más extendidas actualmente es la imposición de coercitivas medidas que, basándose en un supuesto sistema de legalidad, mantienen en constante estado de hostigamiento, zozobra y acecho al ciudadano común, aquél que no goza de notoriedad alguna, carece de fama, es decir, la mayoría de la población de cualquier país. En México, por ejemplo, en nombre de dicha legalidad, se están implantando una serie de arbitrarias acciones que, de acuerdo con la élite política, en conjunto con la empresarial, consideran “adecuadas” para “reordenar y superar” la crisis económica vigente. Se aprovecha que el caos generado por tal crisis, justifica tan severas medidas tales como el alza de impuestos, la invención de nuevos, el alza en los combustibles, la devaluación del dólar, la desaparición de empresas (como la liquidación de la paraestatal Luz y Fuerza del Centro), la reducción de presupuestos en educación, salud, seguridad social, la modificación y “flexibilización” de la ley laboral (hacerla más adecuada a las necesidades patronales, por supuesto), los controles salariales… y estar amenazando con que si no se aplican tan rígidamente las restricciones anunciadas, el país estará condenado a la anarquía y, casi casi, a su desaparición como nación (Ver mi artículo “La muy oportuna descomposición del estado mexicano, pretexto para militarizar y recrudecer la represión gubernamental”). Incluso la muy convenientemente llamada “guerra contra el narcotráfico” – intimidándonos así con ese nombre de que nos encontramos en “peligroso” estado de guerra, para que el impacto en la psiquis social, la estrategia del miedo, muy a como se hace en Estados Unidos, ejerza un más efectivo control social –, también se ha advertido que de no hacerse así, militarizando al país, se “habrá perdido la batalla en contra del crimen organizado”. Y eso ha dado lugar a que todas las violaciones cometidas por el ejército sean justificadas en nombre de esa guerra “contra el narcotráfico” (Ver mi artículo “La fracasada lucha panista contra el crimen organizado”).
Obviamente que todo lo anterior, como señalé, es en detrimento de los ciudadanos comunes, quienes ante tantos acosos, terminan por resignarse a cuanta arbitraria, corrupta y legaloide imposición provenga de sus gobernantes. Huelga decir que estos gobernantes se cuidan muy bien de conservar sus privilegios (los diputados o funcionarios públicos, por ejemplo, conservan sus altos salarios, los empresarios no pagan impuestos), durante dicho proceso de, digamos, delincuentización social que termina por convertirnos a todos en delincuentes por la más mínima “violación a las normas establecidas”. Y ello, lo de conservar sus prerrogativas, porque sólo así, en un estado de constante represión y hostigamiento social, pueden ejercer los grupos dominantes el poder omnipotente, arbitrario, ilimitado, diseñado para sus exclusivos intereses.
En el caso de la concentración megaurbana llamada “ciudad de México”, se apela a que, con tal de “ordenar” la anarquía reinante, es necesario llegar a tantas restricciones que, más que alentar a seguir viviendo en este aglomerado sitio, pareciera que se busca con ello alejar a sus presionados habitantes. Se acaba de autorizar un aumento a la tarifa del metro, de dos a tres pesos, el 50% (que el gobierno local sustentó basándose en una muy cuestionable “muestra” estadística de 6000 personas, cuya gran mayoría, se dijo, votó porque aumentara el precio del boleto, cuando que son millones los usuarios de dicho transporte), siendo que el salario mínimo sólo lo hizo en un magro 4.85%. El servicio por supuesto que no ha mejorado y siguen las largas demoras por trenes estacionados en los andenes (yo soy usuario habitual de ese transporte). También se incrementó el boleto del tren ligero a 3 pesos. Y están en puerta incrementos en los costos de los servicios públicos tales como el agua potable, impuestos tales como el predial… y así, emulando el gobierno municipal perredista de esta capital al neoliberalismo económico del gobierno federal panista, quien autorizó las alzas de impuestos, de servicios públicos, de combustibles…
Claro que ha tratado de contrarrestar la administración de Marcelo Ebrard tan injustas imposiciones economicistas y legaloides mostrando una supuesta faceta “liberal”, muy conveniente cuando, por otro lado, se somete a diario a las presiones e inconvenientes mencionados a los ciudadanos que aquí habitamos. Así, nuestro alcalde Ebrard hace más el papel de showman que de verdadero alcalde, combinando además su actuación-desempeño público con un populismo-verbena, como, por ejemplo, el magro seguro de desempleo (con más tintes políticos presidenciales de Ebrard, que de verdadera ayuda económica a los desempleados) o la precaria ayuda económica prestada a los adultos mayores (pagado todo eso con nuestros impuestos, claro), habernos dados las playas urbanas, las pistas de hielo, haber convertido en dominicales ciclopistas a avenidas como Paseo de la Reforma (o que se pueda acceder al metro en bicicletas los domingos), haber inaugurado el árbol navideño más alto del mundo, haber dado un concierto gratuito del tenor Plácido Domingo en una plaza pública o haber partido la rosca de reyes más larga y pesada del mundo.
Eso combinado, como dije antes, con una supuesta liberal legislación, como la permisividad del aborto o los matrimonios gay (con los cuales estoy totalmente de acuerdo, que no se malinterprete mi posición, pero en lo que no concuerdo es que se les emplee como bastiones de supuesto vanguardismo político, cuando, por otro lado, los vicios de la concentración del poder, de la corrupción y la legaloididad, temas de este artículo, siguen imperando, como referiré más adelante. Véanse, si no, las propias pugnas por ejercer el poder del PRD dentro de sus filas).
Justo eso sucede cuando el ciudadano común, como ustedes, lectores, como quien esto escribe, enfrentamos situaciones de arbitrariedad que, apoyada, repito, en un legaloide sistema “normativo”, nos hostiga a tal grado que el resultado final es una penalización. ¡Ah, pero cuando se trata de hallar un culpable de robo o de asesinato, entonces no actúan con tanta prestancia las autoridades y en la mayoría de los casos de denuncias penales, los delitos quedan impunes! Además, varias personas me han comentado que al acudir a un ministerio público a denunciar un robo, por ejemplo, de auto, el agente ha tenido el descaro de pedirles dinero, mil pesos o más, según sea el tipo del auto robado, para “agilizar las investigaciones”, lo que puede dar una idea de qué tan corrupto y podrido está, en general, nuestro “sistema legal y penal”.
Así pues, dicha penalización termina por convertirse en un pago monetario por haber violado un “reglamento”, una disposición, una ley. Claro, no podía ser de otra manera en este sistema económico denominado capitalismo salvaje, en donde todo, absolutamente todo, se mercantiliza, se puede comprar, vender… lo vemos, por ejemplo, en que ciertos delitos pueden ser condonados a cambio de una fianza, y eso si hablamos en términos estrictamente legales, pues si el inculpado es un “pez gordo”, puede muy cómodamente pagar mediante un generoso cohecho (mordida, como es llamado aquí al soborno) su salida de la cárcel o su escape (es el caso del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien desde su “huída” de la cárcel de alta seguridad de Puente Grande, Jalisco, no ha sido atrapado de nuevo. La revista Forbes el año pasado le dio el lugar número 701 de los hombres más ricos del mundo). Es entonces que al “violar” una norma, un reglamento, la penalización la mayoría de las veces es monetaria, sí, pagar una multa, una fianza, una cuota… el dinero todo lo puede, y más cuando, aduciendo razones de reducción presupuestal (la situación de shock), se incrementan los costos de las penalizaciones o se crean otras nuevas. Quienes, por ejemplo, poseen un vehículo, independientemente de si es nuevo o viejo, cada vez enfrentan más y más penalizaciones: aprobar la verificación de emisiones contaminantes (que no se pasa sin un soborno, como muchos de ustedes habrán sufrido, aunque el auto sea reciente), pagar la tenencia, usar cinturón de seguridad, usar localizador satelital… etcétera, y si se cuenta con el dinero para cumplir con tantas restricciones, el precio por tener dicho vehículo, ya de por sí alto, no se verá incrementado, digamos que innecesariamente. Aunque a veces ciertas restricciones, como el conducir en estado de ebriedad, no tienen, hasta ahora, una penalización monetaria, sino que amerita arresto, pues realmente es una grave falta que pone en peligro otras vidas, además de la del insensato conductor… pero ya se habla de que podría conmutarse por una multa. Claro, como dije, en este sistema todo puede comprarse. Y entonces si un automovilista está ebrio, se le amonestará, pero si la nueva legislación pasa, adelante, ya no se le arrestará, se le obligará a pagar una multa, al fin que en el sistema el dinero logra la permisividad.
Sin embargo hay situaciones particularmente molestas en las cuales, la “penalización” por haber cometido una falta administrativa llegan a límites de abierta, irritante corrupción, sobre todo cuando, al no tratarse, en efecto, de una grave falta, como sí lo es la de manejar ebrio, se tornan en una suerte de obscuras prácticas delincuenciales, pero por parte de las autoridades, quienes no sólo las toleran, sino que veladamente las fomentan.
Voy a referirme a la cuestión del arrastre de grúas policiacas de autos particulares. En cualquier parte del mundo esta es una manera que tienen las ciudades y municipalidades locales de allegarse fondos y es una práctica normal, sobre todo cuando se trata, en efecto, de descongestionar las avenidas principales, las que deben en todo momento estar libres de obstáculos, sobre todo autos, para que la circulación vehicular sea expedita. Y eso es claro, entendible, sí, sobre todo que se realizara sin exclusiones, pues muchas veces vemos autos de funcionarios o policíacos muy cómodamente estacionados en avenidas importantes, sin que ninguna grúa oficial ose remolcarlos hasta los depósitos vehiculares. Como dije arriba, ciertos grupos conservan sus privilegios y es otra habitual forma de abuso del poder (no sólo estacionarse en zonas prohibidas, sino que los grupos privilegiados son muy dados a romper con la “legalidad” imperante y salir impunes de sus acciones. Considérese, por ejemplo, lo que sucede en Ciudad Juárez, en donde muchos de los cientos de crímenes cometidos contra mujeres han quedado impunes, pues se sospecha que son realizados por las elites empresariales locales convertidas en asesinas mafias que las matan por diversión. Véase el interesante documental mexicano “Bajo Juárez”, que analiza a profundidad esa infame situación).
Por otro lado, el hecho de que muchos conductores se estacionen, en efecto, en lugares indebidos, se debe a la alta carencia de cajones de estacionamiento, sobre todo en sitios en donde la frecuencia de automovilistas es alta, como zonas comerciales u oficinas públicas, rodeados, además, por importantes avenidas o vías rápidas. Curiosamente es en esos saturados sitios en donde menos se puede aparcar la gente y ni se construyen estacionamientos. Y es tan alta la incidencia de arrastres en esos lugares, que tan sólo diez importantes avenidas concentran más del 30% de ellos.
Si eso es una supuesta manera de desalentar el empleo del automóvil, resulta contradictoria, pues tantas obras viales que se han emprendido, como segundos pisos en el periférico, distribuidores y puentes vehiculares, al contrario, seguirán incentivando el uso y la compra de autos (esto aunado, además, al pésimo transporte público que adolecemos), ya que de todos modos en este consumista sistema capitalista, la condición vital para su sobrevivencia es el consumo masivo. En la ciudad de México, se calcula que el parque vehicular aumenta alrededor de 4% cada año, o sea, entre 150,000 y 200,000 vehículos más circulan por sus calles cada doce meses (y se les premia evitando que se verifiquen durante dos años, muy elitista incentivo adicional para estrenar auto, ¿no creen?). Entonces, desde aquí comienzan las anomalías, pues pareciera que se buscara a toda costa que los automovilistas incurran en el “grave delito” de estacionarse en zonas prohibidas, faltas de estacionamientos legales.
Pero cuando el arrastre de vehículos por grúas policíacas en la ciudad de México (y en cualquier otra, dado el caso) no está sustentado por una marcada señalización que prohíba el estacionarse en determinados sitios, sino por el lucrativo criterio de los conductores de las grúas policíacas, como sucede con una gran cantidad de vehículos que son arrastrados a los depósitos vehiculares, entonces se convierte en un autoritario abuso oficial, prácticamente en un velado acto delincuencial solapado y alentado por las municipalidades locales. Como ya dije antes, en esta desquiciada ciudad de México, que continúa alentando el empleo del automóvil, el arrastre vehicular se ha convertido en un verdadero azote hacia los automovilistas, incapaces de reclamar, pues, se justifica el gobierno local, es una acción perfectamente legal sustentada en tales y tales artículos.
Sin embargo, no es la legalidad la que realmente ampara esta corrupta práctica, sino la cantidad de dinero que generan las “penalizaciones” que deben de pagar los afectados automovilistas para “liberar” a sus autos de los depósitos vehiculares. Una parte de ese dinero se va para el gobierno de la ciudad de México, en teoría, y otra parte, a las empresas particulares a las que se les ha concesionado una fracción del cobro de los arrastres. Así que sobre todo para éstas últimas, el remolcar autos cómo se pueda y de dónde se pueda, será su objetivo principal, pues entre más autos atrapen, más serán las cuotas que reciban por cada uno y más rentable será su negocio. Dicho negocio comenzó cuando, curiosamente, Marcelo Ebrard fue secretario de Seguridad Pública, pues fue que, en aras supuestamente de limpiar de corrupción las grúas policíacas, concesionó a una buena parte con tal de que se “evitaran las practicas de corrupción”. Según una investigación periodística del año 2008, son cuatro las empresas particulares que operan unas 165 grúas de las 226 que aproximadamente existen para el inoperante programa de “recuperación de vialidades”. Hay que ver, por ejemplo, lo que sucede en el eje central Lázaro Cárdenas, en donde muchas veces, sobre todo en sus tramos de la zona centro, los supuestos carriles exclusivos para los trolebuses, están invadidos por autos particulares o por vehículos oficiales, sin que ninguna grúa acuda a retirarlos (como evidencia de ese amañado proceder, muestro en la primera de las fotos que acompañan este artículo-denuncia, un auto abandonado,
se ve que de mucho tiempo, en un lugar que, aunque no es una vialidad vehicular, sí es un paso peatonal, y el auto en cuestión, aparte de que ya se convirtió en un basurero, puede dar lugar a que en él se agazapen delincuentes en espera de una víctima a quien asaltar, sobre todo por las noches. Este desvalijado auto está a no más de dos kilómetros de un depósito vehicular policiaco repleto de grúas. Más adelante, también muestra de abandono urbano, cuando no hay una ganancia de por medio, hallé abandonados árboles de navidad, que muestro en la segunda foto, los cuales, ya cumplida su anti-ecológica, ornamental función decembrina, fueron tirados en ese paso peatonal, preguntándome, ¿pues no que los iban a reciclar para hacerlos composta, con tal de que la gente no sintiera remordimiento por haberlos cortado sus criadores y quitado la vida a tan temprana edad? ¡Puras mentiras de este salvaje y mentiroso sistema económico!).
En ese año, 2008, las grúas particulares recibían a razón de veinte pesos por auto arrastrado, debiendo cubrir cada grúa una mínima cuota de diez vehículos, supongo que para que la aparentemente reducida cuota se compensara en volumen, aplicándose aquí no otra cosa que el criterio capitalista del eficientismo productivo: poca ganancia obtenida por mercancía individual, pero compensada por la masiva sobreproducción. Pero si esa es la cuota actual o ha aumentado, que es lo más seguro, lo cierto es que si multiplicamos la “multa” actualizada, 652 pesos, por 225 grúas y suponiendo que cada grúa arrastre veinte autos en promedio, obtenemos nada menos que $2,934,000, o sea, casi tres millones de pesos por este corrupto concepto, dinero que finalmente ignoramos a qué se destina, y al gobierno local no le interesará en lo más mínimo aclarárnoslo.
Pero como ya he dicho, el gobierno perredista de Marcelo Ebrard se escuda en que la ciudad necesita allegarse de recursos, con tal de recurrir a esta abusiva y corrupta práctica del arrastre vehicular, y por eso lo seguirá tolerando, incluso en contubernio con el gobierno central panista, pues si es una manera de que el Distrito Federal se haga de más recursos propios, sobre todo en estos momentos de reducción presupuestal (como dije, todo se vale en medio de la crisis), adelante, a auspiciar y alentar ese lucrativo negocio. Pero se nos dirá que los recursos se destinarán a supuestas obras sociales, como ayudar a los pobres, a los ancianos, a los desvalidos, pues con eso de que ahora todo se hace en nombre de los pobres, subir impuestos, crear nuevos, aumentar los combustibles… o hasta las corruptas prácticas autoritarias, entonces adelante, hostíguense y penalícense a los ciudadanos hasta el límite de su capacidad económica. Pero en realidad no es a los pobres a los que se beneficia con tanta imposición, sea legal o no, sino que ello permite que las autoridades, sean locales o federales, sigan conservando sus privilegios economicistas. Y por ello se puede entender que, en especial, el problema del corrupto y mafioso arrastre de vehículos sea generalizada práctica en todo el país (pueden verse en blogs y redes sociales los incontables testimonios denunciando tan deleznable práctica por delincuentes uniformados que dicen ser “policías”).
Mencionado todo lo anterior, como obligado preámbulo, narraré cómo yo mismo fui presa de esa
rapiñera corrupción el martes 12 de enero de este naciente, igualmente crítico año. Por cierto, ello fue debido a circunstancias que también podríamos circunscribir al campo de otro tipo de corrupción, esta comercial, pues acudí a hacer un cambio de un artículo defectuoso a la tienda Wal-mart Aeropuerto, adquirido apenas dos días antes (sirva también esto para denunciar esa pésima comercialización de artículos chinos defectuosos que acostumbra hacer dicha cadena de supermercados). Estacioné mi auto, un viejo modelo 77, que rara vez empleo, en una tranquila calle, Ampliación Civil, considerada como vía secundaria, de bajo tráfico (definida como aquella calle que está en una colonia, de acuerdo con el reglamento de tránsito vigente). En ambos lados de dicha calle había decenas de vehículos estacionados lo que evidencia que es común aparcarse
allí. Además, había una fila completa de taxis colectivos (peseros), colocados hasta en doble fila, que abarcaban más de media calle, lo que demuestra la impunidad de ciertos sectores ala que me he referido antes. En la tercera y cuarta de las fotos muestro la calle en cuestión.No siendo una vía primaria (definida, según el mismo reglamento, como los ejes viales, las calzadas, las avenidas y todas las vías rápidas) y no habiendo en absoluto señalización alguna que prohibiera el estacionamiento en ese lugar, ni invadiendo una entrada a la cochera de domicilio o empresa alguno, con toda confianza me decidí a estacionar allí mi vehículo. En la quinta foto muestro el sitio exacto en donde lo estacioné. Como puede verse, no hay señalización que prohíba estacionarse allí.
Accioné el freno de mano, como siempre hago, por medida de
seguridad extra, para evitar robos, según yo, pero no contaba con los de las corruptas autoridades policíacas. Consideré que no me llevaría más de veinte minutos dejar el artículo electrónico, una costosa radiograbadora, en la tienda (la que, al final, no me la cambió pues ya no había más modelos de radiograbadoras de ese tipo, y sólo me dio dos opciones, que cambiara el costo del aparato por mercancías equivalentes o que llamarían al técnico de la empresa Sony, el defraudador fabricante, para que la reparara, que fue por lo que opté, en vista de que no iba a adquirir mercancía innecesaria).En efecto, no me llevó más de veinte minutos el trámite. Y ya salí, resignadamente decepcionado de la tienda… ¡y mi amarga sorpresa fue ver que mi viejo auto ya no estaba en donde lo había dejado!
Así, asesorado de inmediato por familiares que han pasado por el mismo irritante, arbitrario, corrupto trajín, llamé antes al número al que se reportan vehículos desaparecidos, en donde luego de varios minutos, unos veinte, de escuchar torturante propaganda oficial – “que si estás enfermo de diabetes, cuidado, es mortal, que si no subes con cuidado las escaleras eléctricas te puedes matar, que si tienes influenza, vacúnate o te mueres, que si no verificaste tu auto, cuidado porque eres un peligrosísimo delincuente ecológico y debes de pagar una multa… y así, muy amable, alentadora, atemorizante perorata, cortesía del gobierno de la ciudad de México –, por fin una voz femenina me tomó los datos del auto y tras otros diez minutos de supuestos,
“eficientes” rastreos, me proporcionó la localización del corralón (así se conoce en México a los lugares en donde son encerrados por mala conducta los autos de los peligrosos automovilistas que osan estacionarse en el lugar y a la hora equivocados). En la sexta foto muestro el corralón.Allí, en improvisadas instalaciones, en un lugar que más parecía un deshuesadero automotriz (por tantos autos y motocicletas que languidecen en el sitio debido probablemente a engorrosos y corruptos trámites legaloides que, a fin de cuentas, no se pueden resolver sin un soborno previo), en un ambiente como de prisión y que hedía a corrupción, con sólo ver a los muy rudos “representantes de la ley”, este narrador, tranquilo, sin enojo – por si esa actitud sirviera para evitar mayor prepotencia autoritaria y policial –, se presentó a una improvisada oficina de materiales prefabricados, anunciando ante el prepotente policía encargado de recibir la documentación que “vengo a liberar un auto que fue levantado por la grúa, en un sitio en que no había disco ni señal que prohibiera el estacionamiento allí”, Sin inmutarse, inició su muy ensayada, atemorizante perorata de los documentos necesarios comenzando por la tarjeta de circulación, la cual estaba en mi vehículo, como le aclaré. Muy déspota, me dijo que pasara a recogerla, lo cual hice. Pude constatar que el freno de mano había sido afectado, pues, según testigos, no fue subido el auto en una base suplementaria, como deben de hacer los operadores de las grúas, cuando es evidente que están inmovilizados de las llantas traseras algunos autos por el freno de mano o la transmisión. Con tal de no llegar a más infructuosos alegatos (pues ya en otros estados de la república mexicana me he enfrentado a situaciones similares, en donde los corruptos policías se desentienden de los daños ocasionados), acudí de nuevo con mis papeles, de los cuales se pedían dos copias. Justa y muy estratégicamente, un improvisado puesto metálico para sacar copias fotostáticas está enfrente del lugar, nada más alzar la vista. Allí fui y copias borrosas que normalmente cuestan cincuenta centavos, cuando mucho, se cobran a dos pesos cada una, lo que hace pensar en una conexión entre ese sitio y los policías del corralón, quizá hasta sea negocio de familiares de ellos, pues si sacan allí unas cien copias diarias (son ocho copias por conductor las que se requieren si la documentación está en regla), al menos doscientos pesos es lo mínimo que deben de obtener por tan oportunista negocio. Por fortuna, mi documentación sí estaba en regla y a mi nombre: licencia de manejo, tarjeta de circulación, identificación y tenencia reciente (en este caso, la del 2009). La onerosa, arbitraria, corrupta penalización es de 652 pesos, desglosada como sigue: $143 pesos, reducidos de $287 por “pago antes de treinta días”, más el obligado arrastre de la grúa, $508 pesos. Ya más tarde, al revisar en la boleta los supuestos artículos que amparan el cobro-robo mencionado, la supuesta tarifa por el arrastre de la grúa, se basa en el artículo 230, fracción I, del Código Financiero del Distrito Federal, pero resulta que al consultarlo, la fracción I está derogada, así que no se sabe cuál es el fundamento legal para dicho cobro, lo que constituye una laguna del derecho, por lo que existe una violación al principio de la legalidad que se consagra en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Acudí a la “caja” recaudatoria, cuyo “cajero” es otro policía con un marcado gesto de corrupto prestador de servicios. Pagué con $700 pesos. Para darme mi cambio, el hombre sacó un grueso fajo de billetes, no de una caja registradora o algo similar, sino del bolsillo de su chamarra, que calculé ascendería a unos diez mil pesos como mínimo, dados los varios billetes de quinientos pesos que aquél contenía. Finalmente, me entregó dos papeles, uno, la boleta que especificaba la “falta” cometida y otro, una copia fotostática foleada (001260 es el número), que informaba y desglosaba la multa-robo que había pagado. Esos papeles le concedieron la libertad a mi viejo auto, que en medio de tanto abandonado vehículo, lucía aún más triste y decrépito…
Conteniendo toda la impotencia que provoca someterse a tanta descarada corrupción y arbitrariedad, salí del sitio, manejando lentamente, pues comprobé que mi auto no frenaba bien, puesto que las balatas traseras habían sido quemadas como consecuencia de haberlo arrastrado con el freno de mano puesto.
Ahora, cuando escribo estas líneas, me debo de enfrentar a una reparación repentina y a haber pagado una corrupta y mafiosa “penalización”, que no tenía contempladas en mi presupuesto y a la tristeza de que no siendo una gran, famosa personalidad (hay que ver con qué prestancia acudió Ebrard al lugar en donde se accidentaron en helicóptero un famoso empresario y su familia hace unos días), ninguna autoridad atenderá mi denuncia, ni se inmutará por lo que, como yo, cientos de ciudadanos sufren a diario y ni, mucho menos, pagará los desperfectos provocados a mi auto y el daño moral y las molestias ocasionadas a mi persona.
Contacto: studillac@hotmail.com
